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Archive for 30/11/2007

Per una ordre de la Sala Penal de l’Audiència Nacional espanyola han començat avui les detencions de 46 de les 52 persones de l’esquerra independentista basca jutjades al macrojudici 18/98 per delictes d’opinió i associació i, en cap cas, per accions armades. Entre elles, hi ha directius i periodistes del diari Egin, tancat l’any 1998 per ordre del jutge instructor Baltasar Garzón, i activistes de moviments socials i de no violència activa.

El macrojudici 18/98 va ser seguit per una comissió de juristes –entre ells, alguns catalans– que en van destacar les irregularitats, així com la indefensió dels acusats i la vulneració de les mínimes normes de garantia d’un judici just, i en van demanar el sobresseïment.
Recentment, un grup de juristes internacionals van afirmar que el tancament dels diaris Egin i Egunkaria –aquest darrer, pendent de judici, que es preveu imminent– vulneren tant la Constitució Espanyola com el Conveni Europeu de Drets Humans, segons aquesta informació publicada el 5 de novembre pel diari digital Izaronews

Juristas internacionales consideran que el cierre de Egin y Euskaldunon Egunkaria vulnera la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Un grupo de juristas internacionales concluyó este lunes, tras estudiar el informe sobre el cierre cautelar de Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria, realizado por el Instituto vasco de Criminología, que esta medida viola el artículo 20 de la Constitución española por “implicar una auténtica suspensión del derecho fundamental a la libertad de prensa, un derecho no suspendible salvo en supuestos de estado de excepción y sitio”.

Los expertos John Vervaele (Universidad de Utrech, Holanda), Kai Ambos (Universidad de Göttingen, Alemania), Juan Luis Gómez Colomer (Universidad de Castellón) y Luis P. Salas Calero (Universidad de Florida, Estados Unidos), participantes en la jornada “Medios de comunicación y conflicto”, celebrada en Donostia, afirman en un documento conjunto que el cierre de los mencionados medios de comunicación viola los artículos 10 y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por su “caracter desproporcionado, al existir otras medidas menos gravosas y traducirse en la práctica en la disolución de unos medios que no podrán volver a ver la luz, con independencia del resultado final de los procesos penales en los cuales se ha adoptado la medida”.

Los expertos juristas recuerdan que la libertad de expresión es “piedra angular de una sociedad democrática” y, como derecho fundamental individual y colectivo, “el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión”.

Aunque matizan que el derecho a la libertad de expresión “no es un derecho absoluto y debe compatibilizarse en su reconocimiento y ejercicio con el de otros derechos fundamentales”, recuerdan que la trascendencia del citado derecho “lleva a que, de manera generalizada, la normativa internacional y europea, únicamente autorice su restricción de modo excepcional, por motivos muy graves y siempre con estricto respeto no sólo del principio de legalidad, sino igualmente de los de necesidad y proporcionalidad”.

A juicio de este grupo de expertos, las intervenciones preventivas o cautelares “no son incompatibles” con el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero la extensión de su aplicación y límites “se encuentran sometidos a estricta supervisión por parte de los más altos tribunales”, al tiempo que apuntan que en el caso de los medios de comunicación y publicaciones la censura previa constituye “un ataque particularmente intolerable para la libertad de expresión”.

En el caso del cierre de los medios de comunicación Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria, los juristas destacan que esta medida cautelar supone “el sacrificio del derecho fundamental a la libertad de expresión, tanto en su vertiente individual como desde el prisma colectivo, esto es, como el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

“La innecesariedad de esta medida era ya discutible en el momento mismo de su imposición, cuando existían otras alternativas de intervención cautelar que no llevaban consigo la interrupción de la actividad del medio de comunicación”, subrayan.

Asimismo, en cuanto a la “falta de proporcionalidad” de la medida cautelar, aseguran que el cierre, “aunque teóricamente temporal, supone en la práctica, y no sólo por su desmedida duración, una negación definitiva del derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que constituye una vulneración de los artículos 10 y 15 del CEDH y del artículo 20 de la Constitución”.

Concluyen por lo tanto que la aplicación del artículo 129.2 del Código Penal para proceder al cierre cautelar de los citados medios vascos de comunicación “viola el artículo 20 de la Constitución, por implicar como consecuencia práctica una auténtica suspensión del derecho fundamental a la libertad de prensa, un derecho no suspendible salvo en supuestos de estado de excepción y sitio”.

Por último, el documento redactado por el grupo de expertos precisa que las conclusiones se realizan “sin perjuicio del respeto debido a las decisiones judiciales y de la necesaria defensa de los ciudadanos por parte del Estado, frente al terrorismo en un marco constitucional democrático”.

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Aquests dies els mitjans omplen pàgines en paper o bits i minuts d’informatius audiovisuals amb l’informe del BBVA sobre les balances fiscals al Regne d’Espanya. Sort n’hem tingut d’en Puigcercós (ERC)i la Fundació Josep Irla, que han puntualitzat tot seguit les fal·làcies d’aquelles dades.

Felicitats a l’equip de “La nit al dia”, i al David Bassa en particular, i també als companys de l’“Avui”, pel tractament matisat i crític que han donat a la informació, incloent-hi els diferents sistemes de mesurar les balances fiscals i l’apropiació dels impostos de les grans empreses amb seu a Madrid per part de la comunitat de Madrid (sense restar-hi les inversions “d’inerès general” que s’hi fan) que comporta el sistema utilitzat pel BBVA. L'”Avui” fins i tot ha donat veu a diversos especialistes, amb prersència destacada dels economistes que han estudiat més a fons els sistemes de càlcul de les balances fiscals i han publicat treballs sòlids al respecte.

Queda, però, una segona fal·làcia amb la qual ens donen i donaran la llauna els nacionalistes espanyols i els catalanistes mesells del “qui dia passa any empeny”: la suposada insolidaritat dels bascos i navarresos i la necessitat de revisar el sistema de concert econòmic. Un sistema, per cert, al qual els polítics catalans –i la majoria de votants que se’ls van creure–, ai, van renunciar tant en el procés de l’Estatut del 1979 com en el de l’actualment vigent, pendent encara de la darrera ribotada del Constitucional.

Reprodueixo tot seguit la següent notícia que el diari “Gara” va publicar el passat 24 de novembre, donant compte d’un informe del sindicat LAB, el segon en implantació i nombre de delegats a tot el País Basc, sobre el cost que suposa per als territoris del País Basc del Sud la manca de sobirania.

Crec que els qui parlen tan a la lleugera de solidaritats (o insolidaritats) –per cert, imposades– farien bé de tenir en compte aquestes dades.

2007 noviembre 24
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GARA > Idatzia > Ekonomia

LAB calcula que la falta de soberanía supone un coste anual de 7.338 millones

LAB ha calculado que Hego Euskal Herria soporta un sobrecoste de 7.338 millones de euros este año debido a la falta de control sobre sus propios gastos e ingresos. Asegura que el supuesto gasto social de los presupuestos autonómicos es «una mentira maquillada».
GARA |
El análisis de LAB sobre los presupuestos generales de las instituciones autonómicas de Hego Euskal Herria pone de relieve que «el supuesto carácter social del gasto público es una gran mentira maquillada», que queda desvelada al tener en cuenta que buena parte del dinero ingresado por las haciendas se destina a pagar los gastos generales del Estado español.
El sindicato abertzale recordó que, en realidad, el sistema de protección social vasco está a la cola de la UE si se mide el esfuerzo financiero dedicado a políticas sociales en proporción a la riqueza generada PIB. Este hecho queda oculto por «el limitado marco competencial», que deja en manos del Estado buena parte del gasto.
Según el cálculo de LAB, 7.238 millones de euros se transfieren al Estado español en virtud de competencias no transferidas, y sobre los que las instituciones autonómicas no tienen el más mínimo control. Buena parte de ellos corresponden al Ejército o la Casa Real. LAB estima por ello que los obstáculos para lograr un nivel de protección social digno son «la inexistencia de una auténtica autonomía fiscal y presupuestaria» unida a «la orientación neoliberal de los gobiernos» de la CAV y Nafarroa.
Por su parte, ELA calificó como «continuista» el proyecto de presupuesto para 2008 presentado por el Gobierno navarro, que, a su juicio, pretende hacer creer que se gasta más de lo que en realidad se gasta al esconder las cantidades en concepto de gastos fiscales. Además, estimó que «el gasto público no es el suficiente para poder responder a las necesidades de la sociedad navarra» y que pretende cerrar el año con un gran superávit en lugar de utilizarlo para cubrir las carencias sociales.

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